Resumen del discurso de Ari Vera, Presidenta de Corpora en Libertad durante un evento co-organizado por la APT en Ciudad de México.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI+) continúan enfrentando discriminación en todas las etapas del sistema de justicia penal, desde el primer contacto con las fuerzas de seguridad hasta su permanencia en prisión. Superar estas barreras es una condición indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia y prevenir la tortura y otros malos tratos.
Este fue el mensaje central de la intervención de Ari Vera Morales, presidenta de Corpora en Libertad, durante un encuentro con integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Su presentación puso de relieve los desafíos específicos que enfrentan las personas LGBTI+ privadas de libertad y la necesidad de incorporar una perspectiva de diversidad sexual y de género en todas las actuaciones judiciales.
La discriminación comienza antes del ingreso en prisión
Los obstáculos para acceder a la justicia no empiezan en los centros penitenciarios. Diversos organismos internacionales documentan que las personas LGBTI+ tienen un mayor riesgo de sufrir detenciones arbitrarias, violencia policial, extorsión, tortura y criminalización basada en estereotipos relacionados con su orientación sexual o identidad de género.
Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también debilitan la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y aumentan el riesgo de malos tratos a lo largo de todo el proceso penal.
Vulnerabilidad agravada en los lugares de detención
Una vez privadas de libertad, muchas personas LGBTI+ enfrentan nuevas formas de discriminación y exclusión. Factores como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la exclusión del mercado laboral y, en el caso de muchas mujeres trans, la dependencia del trabajo sexual como consecuencia de la discriminación estructural, incrementan su vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.
A ello se suman barreras institucionales como el uso incorrecto del nombre o los pronombres de las personas trans, la falta de reconocimiento de su identidad de género, la ausencia de análisis con perspectiva de diversidad sexual y la persistencia de prejuicios que pueden influir en las decisiones judiciales.
Un Poder Judicial con perspectiva de derechos humanos
Garantizar el acceso efectivo a la justicia requiere mucho más que permitir el acceso a los tribunales. Significa asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, sin discriminación y con acceso a recursos efectivos cuando sus derechos han sido vulnerados.
Incorporar una perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales (OSIEGCS) en la labor judicial no implica otorgar privilegios, sino eliminar los prejuicios que impiden decisiones verdaderamente imparciales y respetuosas de los derechos humanos.
Entre las medidas destacadas durante la intervención se encuentran la formación continua de jueces, juezas y personal judicial; la aplicación sistemática de estándares internacionales, incluidos los Principios de Yogyakarta +10 y las Reglas Nelson Mandela; el fortalecimiento de protocolos de atención; la producción de datos sobre el acceso a la justicia de las personas LGBTI+ y una mayor colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
La prevención de la tortura requiere sistemas de justicia inclusivos
Para la APT, la prevención de la tortura comienza mucho antes de que una persona ingrese en un lugar de detención. Un sistema de justicia que reconoce y responde a las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad contribuye a reducir los riesgos de abuso, violencia y malos tratos.
Promover decisiones judiciales libres de discriminación, garantizar el respeto a la identidad de las personas LGBTI y fortalecer las salvaguardias desde las primeras etapas del proceso penal son elementos esenciales para construir sistemas de justicia más inclusivos y prevenir violaciones de derechos humanos.
Como señaló Ari Vera Morales, una justicia verdaderamente incluyente no debe preguntarse a quién ama una persona o cómo expresa su identidad de género. Debe preguntarse, ante todo, si sus derechos han sido respetados.
